Se llama Anita y es una víctima de explotación sexual - Canalsolidario.org

Extraido de Canal Solidario.

Nos situamos en el sureste de Perú, donde la región selvática de Madre de Dios es una de las zonas del país con mayor actividad minera ilegal. Miles de personas viven en los improvisados campamentos mineros en una situación de irregularidad de la que derivan multitud de problemas sociales. Entre ellos, la explotación sexual infantil: en la zona se han identificado más de 1.100 casos de trata y explotación sexual de niñas y adolescentes.
El proceso responde a patrones que se repiten en muchos de los numerosos casos de trata en todo el mundo: las niñas son captadas y engañadas por personas que viajan por las comunidades vecinas ofreciéndoles trabajos en tiendas o labores domésticas, pero terminan en los bares y locales establecidos en los propios campamentos mineros.
Para combatir esta realidad, Save the Children ha solicitado al Gobierno Regional de Madre de Dios elaborar un plan integral que proteja a los niños y adolescentes y ha puesto en marcha un amplio proyecto de protección. El primer paso, como nos cuenta nuestra compañera Teresa Carpio, Directora de Save the Children en Perú, pasa por trabajar en el origen, identificando las zonas desde donde se inicia el tráfico, donde y cuando los menores son captados. “Queremos capacitar a las familias en las comunidades desde donde traen a los niños y niñas. Además, se debe establecer puntos de control para intervenir a las unidades de transporte que trasladen menores sin sus padres”, sostiene Teresa Carpio. Además recomienda también la instalación de Centros de Emergencia Mujer (CEM), guarderías infantiles, escuelas de educación inicial y la incorporación de las promotoras de salud.
El futuro de Anita, una campaña dirigida tanto a las víctimas como a la sociedad
Como en Perú, en toda América Latina, millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de la trata. En este contexto, Save the Children ha lanzado en Latinoamérica (Perú, Paraguay, México, Guatemala y Nicaragua) la campaña “El Futuro de Anita” por la que, a través de una web informativa http://www.elfuturodeanita.com/ y un video animado, se busca informar y sensibilizar a la población sobre la problemática de la explotación sexual infantil.




Más que un nombre, “Anita” representa toda una realidad y con ella se quiere personificar a las víctimas de la explotación sexual. A través de un contenido interactivo y cargado de ilustraciones, la persona que se acerque a la campaña podrá conocer las causas, cuáles son las consecuencias, quiénes son los culpables, qué medidas que se han tomado en su contra…así como los testimonios de las propias víctimas. Se trata de una campaña con la que se quiere informar y sensibilizar, no sólo a las propias víctimas potenciales sino a la sociedad en general.
La trata de personas, una realidad global que afecta también a España
El pasado 23 de septiembre se celebraba el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una realidad que se calcula afecta a más de 2.500.000 personas en el mundo, la mayoría mujeres y niñas.
“España es un país de tránsito y destino de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación “laboral” – o lo que se conoce como explotación para la comisión de hurtos y mendicidad- y explotación sexual”, explica Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children España.
Como mostrábamos al principio, en muchas ocasiones las víctimas son engañadas por los captores, de ahí que resulte de vital importancia tratar de sensibilizarlas sobre los mecanismos que se suelen utilizar. Pero, una vez que han sido engañadas, el principal reto pasa a ser su identificación. “Desde Save the Children nos preocupa que actualmente el sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos, ni abordar las necesidades específicas de las víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad. Estos recursos deberían contar con personal cualificado y ofrecer asistencia de tipo psicológico, jurídico y social –con medidas educativas y de inserción laboral- con el fin de reparar los derechos de las víctimas”, añade Román.